24 de marzo: Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia
El 24 de marzo es el día en el que se recuerda en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar que usurpó el poder entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, y tiene el objetivo de hacer comprender sus graves consecuencias sociales, económicas y políticas, así como de comprometer a la ciudadanía en la defensa de los derechos constitucionales y del régimen político democrático
Era una nueva interrupción del marco constitucional que, una vez más, prometía dejar atrás el «caos» imperante y retornar al siempre enunciado y anhelado “orden”. En esta oportunidad, la búsqueda supuso comenzar a instrumentar un feroz disciplinamiento, en un contexto caracterizado por la creciente movilización social y política. La dictadura se propuso eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional, aniquilar toda acción que intentara disputar el poder. El método fue hacer «desaparecer» las fuentes de los conflictos para sentar las bases del nuevo modelo.
Es por esto que hoy estamos acá para hablar otra vez de Memoria, Verdad y Justicia, frase que hemos escuchado muchas veces, sobre todo en esta época del año. Pero la realidad es que son palabras que encierran mucho más que una fecha, son palabras cargadas de dolor, cargadas de lucha y compromiso, son palabras que encierran vidas que no están, vidas que aguantan, y vidas que se encuentran.
En cada aniversario del Golpe de Estado, ratificamos la necesidad de educar en la memoria para construir el futuro. La memoria que hoy rescatamos es la condición indispensable para que haya justicia, para que no se repitan los horrores del pasado. Ejercer la memoria es un derecho inalienable de los hombres y mujeres, y una responsabilidad de la sociedad. Si el terror es insidioso, la educación es la herramienta privilegiada de la memoria, el vehículo para que se produzca esa necesaria transmisión cultural de una generación a otra.
Creemos que recordar y enseñar sobre el pasado reciente de nuestro país en las aulas permite construir una perspectiva crítica tanto para elaborar acontecimientos signados por el horror, como para generar la capacidad de accionar en el presente reconociendo sus consecuencias y continuidades. Las violaciones a los derechos humanos, perpetradas por medio de la utilización del aparato estatal durante la última dictadura, demandaron posteriormente acciones políticas y judiciales reparatorias para las víctimas, sus familias, y para la sociedad argentina en su conjunto. Dichas acciones, materiales y simbólicas, se hicieron efectivas en gran medida gracias a la lucha tenaz y al reclamo permanente de los organismos de Derechos Humanos, actores fundamentales de nuestra democracia. El juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina, iniciado en plena transición democrática, permitió que los crímenes cometidos durante ese período se evidenciaran con una singularidad de enorme trascendencia. Esto fue posible debido al marco que otorga la escena judicial, capaz de convocar en un mismo espacio a las víctimas y perpetradores, desplegar las diversas formas de contar lo sucedido y, en particular, dar cuenta de la magnitud de las violaciones a los derechos humanos. En sus 40 años de democracia, la Argentina ha transitado con avances y retrocesos, la búsqueda de justicia en relación con los hechos ocurridos durante la última dictadura nunca ha dejado de estar presente en la agenda de la democracia.
Es vital destacar camino que el pueblo argentino ha decidido transitar para tramitar un pasado doloroso, buscar la verdad, fortalecer la memoria colectiva y afianzar las instituciones democráticas, siendo el juicio a las Juntas Militares celebrado desde el 22 de abril de 1985 – 9 de diciembre de 1985, transformó a la Argentina es el único país en el mundo que juzgó y condenó a sus propios dictadores y genocidas.
El camino que llevó a los genocidas hasta el banquillo de los acusados había comenzado el 15 de diciembre de 1983 con el Decreto 158/83 que firmó el entonces presidente Raúl Alfonsín y por el cual ordenó someter a juicio sumario a quienes integraron las Juntas y dirigieron el país hasta la guerra de Malvinas en 1982: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
El tribunal que enjuició a los integrantes de las Juntas fue la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio. El fiscal fue Julio César Strassera con quien colaboró un muy joven Luis Moreno Ocampo como fiscal adjunto, quienes utilizaron como base probatoria el informe “Nunca más” realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Expresa la Rectora de la Universidad, Dra Adriana Lopez “Hoy es un día de reflexión, a 40 años del día que marcó el inicio de la dictadura más sangrienta en nuestro país, debemos y tenemos la obligación de no olvidar, de continuar la lucha por la restitución de los nietos que faltan encontrar, de respetar los derechos humanos y de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de vivir en democracia y el respeto por el estado de derecho”
De docentes a alumnos y alumnas, de padres y madres a hijos e hijas, de las personas más viejas a las jóvenes, y a los niños y niñas; en esas direcciones y de esa manera, las sociedades pelean por la vida. En cada casa, en cada aula, en las plazas, en las mesas de los bares, un día y todos los días que sean necesarios, recordaremos a aquellos y aquellas que nos precedieron en la lucha por la justicia y por los derechos humanos. Los constructores y las constructoras de una mejor sociedad.
